Memoria justificativa

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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA CON DESTINO AL AYUNTAMIENTO DE TERUEL 1. Motivación, De conformidad con el artículo 28 y 116 de la LCSP (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) Se justifica la compra de las cámaras de vigilancia de tráfico y de espacios públicos, debido a que, dentro de las funciones asignadas a la Policía Local, se encuentra la Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas y la seguridad en lugares públicos en todo el término municipal de Teruel. Para que esta función pueda tener éxito, es necesario e imprescindible la introducción de las nuevas tecnologías policiales de vigilancia del tráfico y otros espacios públicos. El tráfico vehicular en el municipio de Teruel ha aumentado en los últimos años, en consonancia con el crecimiento de su población y el desarrollo de su actividad industrial. Existen determinadas vías que son núcleos de acceso principal, desde la autovía y los municipios próximos cuyo tráfico es notable y resulta esencial realizar un control continuo de las mismas a fin de mejorar la fluidez del tráfico y la seguridad. La implantación de un sistema, permitiría además extender su uso a las dependencias municipales de este tipo de sistemas, para realizar una vigilancia de seguridad así como durante los actos festivos en el exterior para incrementar la seguridad de las personas. Por otro lado, determinados edificios municipales disponen de instalación de cámaras de vigilancia, tanto en el interior como en el exterior, siendo deseable centralizar todas estas cámaras desde un único punto. Es por ello que sería idóneo establecer un sistema de supervisión y control, ubicado en las dependencias de la Policía Local, en el que se cuenta con el personal y el espacio necesarios para implementar un centro de control integrado que permita supervisar el estado del tráfico, así como la seguridad de los edificios y espacios públicos del municipio, para contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de la vía y espacios públicos, así como prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas relacionadas con la seguridad pública y del tráfico. Legalmente establecida la obligatoriedad de cumplimiento del artículo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que señala: “Las entidades del sector público no podrán celebrar contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación”. Por otro lado, el artículo 25.2 letra b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local establece, “El municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de la Policía Local 1

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