Memoria justificativa

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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE DETERMINADOS ITINERARIOS FORMATIVOS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL MARCO DEL PROYECTO «EFESO SERVICIOS SOCIALES CÓRDOBA», COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO, EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y ECONOMÍA SOCIAL (EFESO) 1.- TÍTULO COMPETENCIAL. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS En virtud de lo contemplado en el apartado 1 del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE, núm. 80, de 3 de abril de 1985), modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE, núm. 312, de 30 de diciembre de 2013), el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, en cuanto integrador del gobierno y administración municipal, para la gestión de los intereses de la ciudad y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de su comunidad vecinal en los términos previstos en el mencionado precepto. En relación con lo anterior, se debe resaltar que, según lo dispuesto en la letra e) del apartado 2 del artículo 25 de la mencionada norma básica estatal, los Municipios ejercerán como competencia propia, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a las personas en situación o riesgo de exclusión social. En el supuesto de municipios con población superior a 20.000 habitantes, tal como es el caso de la ciudad de Córdoba, según el artículo 26 de la meritada Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE, núm. 80, de 3 de abril de 1985), el servicio de evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a las personas en situación o riesgo de exclusión social se convierte en una prestación obligatoria. En cuanto al espectro normativo autonómico, huelga destacar que la letra c) del apartado 2 del artículo 92 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (BOE, núm. 68, de 20 de marzo de 2007), atribuye a los Ayuntamientos, en los términos que determinen las leyes, la gestión de los servicios sociales comunitarios. En este contexto, procede traer a colación el apartado 3 del artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (BOJA, núm. 122, de 23 de junio de 2010), el cual, en consonancia con lo preceptuado en la citada norma estatutaria andaluza, reconoce como competencia propia de los municipios la gestión de los servicios sociales comunitarios, conforme al Plan y Mapa Regional de Servicios Sociales de Andalucía. A efectos de lo relatado, se torna indispensable hacer alusión a la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (BOJA, núm. 248, de 29 de diciembre de 2016). En este sentido, el apartado 1 del artículo 27 de la enfatizada Ley autonómica señala que los servicios sociales comunitarios, de titularidad y gestión pública, constituyen la estructura básica del nivel primario de servicios sociales, correspondiendo la organización y gestión de estos servicios y sus centros a las entidades locales de cada territorio, de ámbito municipal o supramunicipal, en el marco de la planificación autonómica y en el

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