La prestación del servicio de atención a la infancia y la familia en el municipio, que permita la atención e intervención especializada a los menores y sus familias, y que tiene su fundamento legal en las competencias que, en materia de protección de menores, atribuye a los municipios la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores