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CONTRATO FINANCIADO POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 7, DEL REAL DECRETO-LEY 5/2026, DE 17 DE FEBRERO. LA FINANCIACIÓN PREVISTA CON CARGO A DICHAS AYUDAS ASCIENDE A 31.227,74 EUROS. EXPEDIENTE: 2026-4026 ANEXO III DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI) D/Dª________________________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________________, C/_______________________________, n.º ___, C.P. _________, con CIF ___________, Telf. ____________, en representación de la Entidad _____________________________________________, con CIF _______________, enterado del expediente para la contratación de servicios para la redacción de los proyectos de ejecución, dirección facultativa, y coordinación de seguridad y salud, para las obras de reparación de cubiertas e interiores de los CEIP Victoria y Elena Martín Vivaldi en Loja, ante el Excmo. Ayuntamiento de Loja, el abajo firmante, DECLARA: Primero. Que la Resolución de 31 de marzo de 2026, de la Secretaría de Estado de Política Territorial, por la que se regula el régimen de ayudas a entidades locales previsto en el artículo 7 del Real- Decreto -ley 5/2026, establece que, a lo largo del proceso, las entidades locales deberán adoptar medidas eficaces y proporcionadas para evitar los conflictos de intereses o doble financiación. Segundo. Que el artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece la obligación de los órganos de contratación de tomar medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación, con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia y la igualdad del trato. A estos efectos, el concepto de conflicto de intereses comprenderá, al menos cualquier situación en la cual el personal al servicio del órgano de contratación que participe en el desarrollo del procedimiento de licitación, o pueda influir en su resultado, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento. Tercero. Que el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en dicho precepto, y en particular: a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

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